
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con al menos un día de descanso obligatorio y un esquema de transición gradual que finalizará en 2030.
Con esta decisión, México avanza hacia uno de los cambios laborales más relevantes de las últimas décadas.
El proyecto establece que la reducción será progresiva con una disminución de dos horas por año a partir del 1 de enero de 2027, hasta alcanzar el límite constitucional de 40 horas en 2030.
Además, la reforma fija nuevos límites al tiempo extraordinario:
Máximo 12 horas dobles por semana
Máximo 4 horas triples semanales, un ajuste clave porque actualmente no existe un tope específico para este esquema
El dictamen incluye medidas para proteger a los trabajadores durante la transición:
Los empleadores no podrán reducir sueldos ni prestaciones
Las personas menores de 18 años no podrán laborar horas extra
Estos lineamientos retoman principios de la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente desde hace más de cinco décadas, que promueve la reducción progresiva de la jornada sin afectar ingresos.
Con la aprobación en la Cámara Baja, México se perfila como el tercer país de América Latina con jornada laboral de 40 horas, equiparándose a Ecuador, pionero en la región y a Chile, que actualmente transita hacia ese mismo modelo.
La reforma constitucional aún debe ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para su promulgación.
Una vez publicada, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa forma parte de los proyectos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado en diciembre pasado, como parte de su agenda laboral.
La reducción de la jornada busca mejorar la calidad de vida, fomentar el equilibrio entre trabajo y vida personal y elevar la productividad, sin afectar los ingresos de los trabajadores.
De concretarse en todos sus pasos legislativos, México entrará en una nueva etapa en materia de derechos laborales.

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